El 18 de septiembre, en la Universidad CEU San Pablo de Valencia, se celebró el Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana, una jornada que en teoría debía servir para reconocer el esfuerzo de los profesionales habilitados que cada día velan por la seguridad en estaciones, edificios, transportes y centros estratégicos. Sin embargo, lo que tendría que haber sido un acto solemne de orgullo y reconocimiento terminó empañado por una decisión que ha generado malestar generalizado y un murmullo de incredulidad entre los vigilantes de seguridad que abarrotaban el auditorio: la Policía Nacional entregó dos menciones honoríficas a auxiliares de servicios de las empresas Securitas y Prosegur.
Conviene recordar que la normativa es clara y no deja espacio a interpretaciones. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece quién forma parte del sector y quién no, delimitando que solo aquellas personas debidamente habilitadas por el Ministerio del Interior, tras superar la formación y las pruebas oficiales, pueden ser reconocidas como personal de seguridad privada. A su vez, la Orden INT/318/2011 regula expresamente las menciones honoríficas de clase A y B, reservadas al personal habilitado que destaque por actuaciones de riesgo, iniciativas relevantes o servicios de especial trascendencia social. Los auxiliares de servicios, que realizan tareas de apoyo o conserjería, quedan fuera de este marco legal y, por tanto, no deberían recibir distinciones creadas para quienes sí asumen responsabilidades y riesgos en el ejercicio de la profesión.
La reacción entre los profesionales presentes fue inmediata y palpable. El murmullo se extendió por la sala cuando se escucharon los nombres de los auxiliares galardonados. Algunos vigilantes, visiblemente molestos, comentaban que se trataba de una falta de respeto hacia quienes se forman, se examinan y cumplen con estrictos requisitos para obtener su habilitación. Otros hablaban de que con decisiones como esta se difumina la frontera entre la seguridad privada regulada y la figura del auxiliar, generando confusión en la opinión pública y desprestigiando el valor de estas condecoraciones. El ambiente, que debería haber sido de orgullo colectivo, se tornó en asombro y malestar.
No se trata de despreciar la labor de los auxiliares, cuya función de apoyo en muchos servicios es útil y necesaria, sino de dejar claro que no forman parte del sector de la seguridad privada y que, por tanto, no es legal ni éticamente coherente otorgarles un reconocimiento diseñado para otra categoría profesional. El error institucional es evidente: si la propia Policía Nacional, que es garante de la aplicación de la Ley de Seguridad Privada, incurre en este tipo de decisiones, el mensaje que se transmite es de confusión y devaluación de la profesión.
Lo ocurrido en Valencia es más que un simple gesto mal calculado. Supone un golpe a la credibilidad del Día de la Seguridad Privada y una afrenta para los miles de vigilantes, escoltas y guardas rurales que cumplen su deber en condiciones muchas veces adversas y que esperan, al menos en esta fecha señalada, ver reconocido su trabajo con el respeto que merece. El 18 de septiembre debía ser una celebración del sacrificio y la profesionalidad del colectivo, pero terminó siendo recordado como un acto donde se otorgaron distinciones a quienes la ley no reconoce como parte del sector.
La conclusión es amarga: mientras se sigan entregando reconocimientos fuera de la legalidad y se confunda a auxiliares con personal habilitado, el Día de la Seguridad Privada corre el riesgo de perder el prestigio y el sentido para el que fue creado. Queda en manos de las instituciones rectificar y devolver a estas menciones honoríficas el valor que deben tener, reservándolas únicamente a quienes, con esfuerzo, habilitación y compromiso, pertenecen realmente al sector de la seguridad privada.
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