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viernes, 4 de julio de 2025

ULTIMA HORA - El Tribunal Administrativo Central suspende cautelarmente el megacontrato de seguridad de ADIF a instancias de CCOO

Suspensión cautelar del contrato de seguridad de ADIF

El Tribunal Administrativo Central suspende cautelarmente el megacontrato de seguridad de ADIF a instancias de CCOO

Madrid, 4 de julio de 2025

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento de contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de ADIF y ADIF Alta Velocidad 2025-2027, en respuesta al recurso interpuesto por la Federación de CCOO del HÔbitat.

El recurso, registrado bajo el número 901/2025, se presentó contra los pliegos del procedimiento de licitación con expediente 2.24/43110.0273, que contempla la adjudicación de servicios de seguridad por lotes en toda la red ferroviaria gestionada por ADIF.

Según el tribunal, la decisión de suspender el procedimiento se adopta tras constatar que, de continuar la licitación sin resolver previamente el recurso, podrían derivarse perjuicios de difícil o imposible reparación para los recurrentes y el interés general. La medida cautelar se ampara en lo dispuesto en los artículos 49 y 56 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y permanecerÔ vigente hasta que se resuelva el fondo del recurso.

No obstante, la resolución aclara que esta suspensión no impide la presentación de ofertas por parte de las empresas licitadoras, ni interrumpe los plazos para hacerlo, sino que únicamente paraliza la tramitación posterior del procedimiento hasta que el Tribunal se pronuncie definitivamente.

Esta medida cautelar representa un importante revés para el proceso de contratación de uno de los mayores contratos públicos de seguridad privada del país, y evidencia las crecientes tensiones sindicales en torno a las condiciones establecidas en los pliegos y su impacto sobre los trabajadores del sector.

Desde Seguridad y Empleo, valoramos positivamente este tipo de resoluciones que priorizan la cautela jurídica ante posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, especialmente cuando estÔn en juego derechos laborales y grandes volúmenes de inversión pública.

— Seguridad y Empleo





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