La Comunidad de Madrid sanciona a Alcor por falta de vigilancia en centros de menores

Índice

• Sanción impuesta
• Denuncia del PSOE
• Justificación de la empresa
• Impacto en la seguridad
• Otros casos similares
• Crítica a la gestión

Sanción impuesta

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha sancionado a la empresa de seguridad Alcor con 1.126 euros por haber dejado sin vigilancia los centros de menores de Vallehermoso y Vista Alegre durante más de 94 horas (cuatro días completos).

El incumplimiento ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, dado que la seguridad de menores en situación de vulnerabilidad quedó expuesta. La falta de vigilancia en centros de menores no solo supone un riesgo para la integridad de los menores, sino que también refleja fallos graves en la supervisión de los contratos de seguridad privada.

Denuncia del PSOE

La diputada socialista Lorena Morales ha denunciado que Alcor ha sido previamente sancionada en otras regiones debido a incumplimientos de horas y condiciones laborales precarias para los trabajadores.

Nota: La sanción impuesta resulta mínima en comparación con el contrato de 800.000 euros adjudicado a la empresa.

Morales criticó además que esta empresa haya obtenido la gestión de la seguridad en varias residencias de mayores, lo que pone en duda el criterio utilizado en la adjudicación de estos contratos.

Justificación de la empresa

El director general de Alcor, Carlos Somoza, ha declarado que solo tiene constancia de dos penalidades y que el problema fue responsabilidad de un delegado de personal ya despedido.

Además, reconoció haber sido condenado en Galicia a cinco meses de cárcel por un delito contra los trabajadores, aunque aseguró que la sentencia aún no es firme.

En sus declaraciones, Somoza minimizó el problema, afirmando que todas las empresas de seguridad en España han enfrentado sanciones en algún momento.

Impacto en la seguridad

La falta de vigilancia durante cuatro días en un centro de menores no es un asunto menor. Esto deja a los menores en una situación de alto riesgo, especialmente considerando que estos centros atienden a niños y adolescentes en circunstancias vulnerables.

Además, la ausencia de personal de seguridad podría haber facilitado incidentes graves como agresiones, fugas o actos delictivos dentro de los centros. Este tipo de fallos debería conllevar sanciones más severas y un mayor control por parte de la administración.

Otros casos similares

El caso de Alcor no es aislado. En los últimos años, se han registrado múltiples denuncias sobre la falta de control en la contratación de empresas de seguridad privada, muchas de las cuales operan con prácticas laborales abusivas y sin garantizar los estándares mínimos de vigilancia.

Otras empresas como Sasegur también han sido señaladas por supuestos vínculos políticos y adjudicaciones cuestionables.

Crítica a la gestión

El hecho de que una empresa sancionada por incumplimientos graves siga obteniendo contratos públicos demuestra la falta de un control riguroso en la adjudicación de servicios esenciales.

La sanción impuesta es irrisoria en comparación con la gravedad de la falta y el monto del contrato. Esto envía un mensaje peligroso: las empresas pueden incumplir sin consecuencias significativas, poniendo en riesgo la seguridad de menores y residentes de centros de mayores.

El modelo de contratación actual parece priorizar el coste económico sobre la calidad del servicio, dejando en segundo plano la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores.

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