El TSJ obliga a Securitas a asumir los costes de renovación de la TIP, licencias de armas y certificados médicos
Costes y contexto
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia histórica en favor de los vigilantes de seguridad que trabajan para Securitas en León y Ponferrada. Según esta resolución, la empresa deberá abonar los gastos relacionados con la renovación de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), las licencias de armas y los certificados médicos y psicotécnicos necesarios para dichas habilitaciones.
Los vigilantes, hasta ahora, asumían de su bolsillo unos 70 euros aproximadamente por cada renovación. Estos costes incluyen tasas administrativas, certificados médicos y pruebas psicotécnicas.
El fallo
La sentencia, dictada por los magistrados Emilio Álvarez Anllo, José Manuel Riesco Iglesias y María Laura Vega Pedraza, subraya que tanto la TIP como las licencias de armas son imprescindibles para que los vigilantes puedan desempeñar sus funciones, ya sea en servicios armados o no armados.
El tribunal también destacó que los vigilantes reciben formación obligatoria, como ejercicios de tiro, y que esta formación beneficia tanto a los trabajadores como a la empresa, que puede ofrecer servicios específicos gracias a personal cualificado.
Postura de las partes
Mientras que los vigilantes argumentaron que estos gastos forman parte de los requisitos laborales, Securitas defendió que la TIP y la licencia de armas son habilitaciones personales que no obligan a la empresa, ya que los vigilantes pueden trabajar para varias compañías con las mismas licencias.
El TSJ desestimó este argumento, considerando que el Reglamento de Seguridad Privada y el Convenio Colectivo del sector obligan a las empresas a asumir los costes relacionados con la formación y habilitación necesarias para el trabajo.
Implicaciones futuras
Si esta sentencia es confirmada por el Tribunal Supremo, podría suponer un cambio significativo para el sector de la seguridad privada en España, donde miles de vigilantes han estado asumiendo estos costes de manera personal.
La resolución refuerza la importancia de garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en la formación y habilitación de sus trabajadores, evitando que estos gastos recaigan en los empleados.
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