Vigilante de seguridad a juicio por el robo de 1.200 euros en una oficina de Correos en Valencia
Este jueves, la Audiencia Provincial de Valencia llevará a juicio a un vigilante de seguridad acusado de haber sustraído 1.200 euros de un despacho en una oficina de Correos de la ciudad. La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de tres años por un presunto delito continuado de robo con fuerza, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Los hechos ocurrieron entre el 6 de marzo y el 8 de abril de este año, cuando el acusado presuntamente accedió de manera reiterada a la oficina y, utilizando la llave de la caja fuerte que se encontraba en una mesa, se apropió de diversas sumas de dinero.
El caso fue descubierto gracias a la instalación de una cámara de seguridad en la oficina por parte de los usuarios del despacho, quienes pertenecen al Sindicato Libre de Correos. El dispositivo captó al acusado tomando 100 euros y, al darse cuenta de la presencia de la cámara, devolviendo el dinero.
El juicio y las pruebas
La vista del juicio está programada para el próximo jueves 19 de septiembre a las 10:00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia. Las imágenes capturadas por la cámara de seguridad serán un elemento clave en el desarrollo del juicio, dado que muestran al vigilante cometiendo el acto delictivo.
El Ministerio Público sostiene que este hecho es parte de un comportamiento continuado, lo que agrava la acusación de robo con fuerza. Por otro lado, la defensa podría argumentar en su favor el intento del acusado de devolver el dinero, lo que podría influir en la sentencia.
Implicaciones para el sector de la seguridad
Este incidente pone de manifiesto la importancia de la confianza en el ámbito laboral, especialmente en trabajos que implican la protección de bienes y dinero. Además, subraya la necesidad de que las empresas adopten medidas de control tecnológico, como cámaras de seguridad, para prevenir y detectar posibles actos delictivos por parte del personal de seguridad.
De ser declarado culpable, el vigilante podría enfrentarse a una condena de hasta tres años de prisión, un castigo que pretende disuadir futuros delitos de este tipo en el entorno laboral.
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