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jueves, 22 de agosto de 2024

Polémica en redes por un tuit de Irene Montero que tilda de racismo un incidente en Primark



Un incidente ocurrido en una tienda de Primark en España ha desencadenado una intensa controversia en redes sociales, avivada por un tuit de Irene Montero, exministra de Igualdad y figura prominente de Podemos. Montero calificó el suceso como un acto de "racismo" y "ilegal", generando un acalorado debate sobre los límites y deberes de los vigilantes de seguridad en establecimientos comerciales.

El incidente fue denunciado públicamente por Serigne Mbaye, activista antirracista y miembro de Podemos, quien relató que su hijo fue detenido por un vigilante de seguridad al salir de la tienda, a pesar de que no se activó ninguna alarma de robo. Mbaye afirmó que su hijo era la única persona "no blanca" en el lugar y que fue retenido por negarse a mostrar el ticket de compra. Este hecho, según Mbaye, planteaba dudas sobre la legitimidad de la acción del vigilante, especialmente en ausencia de cualquier indicio claro de delito.

El papel del vigilante de seguridad: actuación basada en la Ley de Seguridad Privada

La actuación del vigilante de seguridad en este caso ha generado un amplio debate, pero es esencial entender el marco legal que regula sus competencias. Según la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, los vigilantes tienen la potestad para actuar cuando existen "razones fundadas" de que se está cometiendo  hurto o robo de mercancías. Esta ley faculta a los vigilantes para solicitar el ticket de compra a los clientes en situaciones donde existan sospechas razonables de que un artículo no ha sido debidamente pagado.

Además, la normativa establece que todos los artículos que se adquieran en el establecimiento deben ser verificados en la caja registradora antes de que el cliente abandone la tienda. Si un vigilante sospecha que un cliente lleva consigo productos que no han pasado por caja, está dentro de sus atribuciones solicitar el ticket como prueba de compra. Aunque el cliente no está obligado a mostrarlo, la negativa puede ser interpretada como una circunstancia que justifica la actuación preventiva del vigilante, siempre y cuando ésta se realice de manera respetuosa y sin exceder los límites de su autoridad.

Es importante destacar que que en los comercios estan  prohíbidos la introducción de productos que se venden en el comercio en cuestión si no se cuenta con un comprobante de compra previo. Esto se hace para evitar confusiones y posibles incidentes que puedan ser interpretados como intentos de robo. Por lo tanto, la solicitud del ticket de compra por parte del vigilante, en este contexto, puede considerarse una medida válida y conforme a la normativa vigente, especialmente si hay elementos que puedan levantar sospechas fundadas.

Reacciones y debate sobre racismo y seguridad

El tuit de Irene Montero calificando el incidente como racista ha polarizado las opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Montero, destacando la necesidad de combatir cualquier forma de discriminación racial, otros criticaron su intervención, defendiendo que el vigilante actuó conforme a la ley y en cumplimiento de sus deberes profesionales.

Este debate ha puesto de relieve la complejidad de las interacciones entre la seguridad privada y los derechos de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde las percepciones de discriminación pueden surgir. Sin embargo, la actuación del vigilante, según la Ley de Seguridad Privada, parece estar justificada por la necesidad de asegurar que todos los productos hayan sido pagados antes de salir del establecimiento, lo que forma parte de su responsabilidad en la protección de los bienes y la prevención del delito.

En conclusión, el incidente en Primark ha abierto una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la seguridad y la no discriminación en los comercios. Mientras algunos ven en el suceso un ejemplo de racismo, otros lo interpretan como una aplicación legítima de la ley por parte del vigilante, lo que subraya la importancia de entender y respetar los marcos legales vigentes.




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