La adjudicación de un contrato público es un proceso clave en la gestión administrativa, que involucra varias etapas y actores para asegurar la transparencia, la competencia y la correcta utilización de los recursos públicos. En el caso del Parlamento de Andalucía, la adjudicación del contrato para los servicios de vigilancia y seguridad es un ejemplo que ilustra cómo se lleva a cabo este proceso dentro del marco legal español.
1. Contexto del Contrato
El proceso de adjudicación comenzó con la aprobación por parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que dio inicio al expediente de contratación bajo el número 2023/14. Este expediente tenía como objetivo la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad tanto para la sede del Parlamento de Andalucía como para la Cámara de Cuentas de Andalucía. El presupuesto base de licitación inicial fue fijado en 3.307.341,40 €, pero posteriormente, en abril de 2024, se redujo a 3.226.572,64 €, distribuidos entre las dos instituciones mencionadas.
2. Proceso de Adjudicación
La adjudicación se realizó mediante un procedimiento abierto, tal como lo exige la normativa vigente, lo que significa que cualquier empresa que cumpliera con los requisitos podría presentar una oferta. Tras la evaluación de las ofertas, la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. fue seleccionada como adjudicataria del contrato.
El contrato adjudicado tiene una duración de dos años a partir del 1 de septiembre de 2024, con un precio unitario por hora de servicio de 22,12 €, excluyendo el IVA. Es importante destacar que el proceso de adjudicación no solo considera el precio, sino también otros aspectos como las mejoras técnicas y sociales que la empresa contratista puede ofrecer.
3. Estipulaciones del Contrato
El contrato adjudicado establece claramente las obligaciones de la empresa contratista, que incluyen la ejecución del servicio de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, así como con la oferta presentada. Algunas de las mejoras ofrecidas por GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. incluyen un programa de ayudas sociales para los vigilantes y la disposición de cuatro vigilantes adicionales en un máximo de 30 minutos en caso de requerimientos urgentes.
Además, se estipulan las condiciones para el pago, que se realizará mensualmente, y se detalla que el contratista deberá emitir dos facturas separadas para el Parlamento y la Cámara de Cuentas, correspondientes a la proporción del servicio prestado a cada institución.
4. Garantías y Penalidades
Una parte fundamental del contrato es la garantía de cumplimiento, que en este caso asciende a 133.329,45 €. Esta garantía se ha constituido mediante un seguro de caución, una práctica común en contratos públicos para asegurar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones.
El contrato también establece penalidades en caso de incumplimiento o retraso en la ejecución del servicio, calculadas a razón de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato por cada día de retraso. Estas medidas son esenciales para garantizar que el contratista mantenga un nivel de desempeño adecuado durante toda la vigencia del contrato.
5. Modificaciones y Resolución del Contrato
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato podrá ser modificado si surge una necesidad de aumentar las horas de vigilancia estimadas inicialmente. Esta modificación está limitada a un 20% del presupuesto original del contrato, sin incluir el IVA.
Asimismo, el contrato establece las causas de resolución, que incluyen los incumplimientos graves por parte del contratista. En caso de resolución, el órgano de contratación tiene la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver cualquier duda sobre su cumplimiento y determinar los efectos de la resolución.
Conclusión
La adjudicación del contrato para los servicios de vigilancia y seguridad del Parlamento de Andalucía es un ejemplo representativo de cómo se gestionan los contratos públicos en España. A través de un proceso transparente y competitivo, se busca asegurar que los servicios contratados cumplan con los más altos estándares de calidad y eficiencia, protegiendo así los intereses públicos y garantizando la seguridad de las instituciones implicadas.
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