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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León insta al gobierno a dotar de seguridad a los edificios judiciales de las zonas rurales de Castilla y León





La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) instó al Ministerio de Justicia del Gobierno de España a que adopte las medidas oportunas para dotar de seguridad a los edificios judiciales de las zonas rurales de Castilla y León, tras recibir un informe sobre las deficiencias de seguridad observadas por los jueces de del partido judicial abulense de Arenas de San Pedro.

En dicho informe, remitido al TSJCyL por el juez decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro, se pone de manifiesto la falta de medios de seguridad adecuados en la sede de este partido judicial, tras los últimos meses en los que se han producido altercados en la sala de vistas y en los aledaños al Juzgado con «episodios cada vez más frecuentes y violentos».

Según el citado informe, remitido a Ical por el TSJCyL, estas situaciones provocan «un grave quebranto en el ejercicio de la función jurisdiccional», puesto que afecta a la seguridad de «todo el personal de la Administración de Justicia» de Arenas de San Pedro, así como a la de los usuarios de este servicio público, lo que además puede agravarse ante las «inminentes obras a realizar en la sede judicial», que facilitará dos accesos pero un único vigilante de seguridad, por lo que una zona «no quedará suficientemente protegida».

En vista de la situación de peligrosidad recogida en el informe elaborado por los jueces de Arenas de San Pedro, el TSJCyL se ha visto obligado a dirigirse al Ministerio de Justicia para alertar que esta situación «afecta a muchas de las sedes de los partidos judiciales de las áreas rurales de Castilla y León», lo que ha provocado «alteraciones del orden público en sedes judiciales» ante la falta de «auxilio de vigilantes de seguridad en los juzgados situados en los núcleos rurales».

Entre ellos, el TSJCyL menciona los incidentes graves ocurridos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) en febrero de 2013 y 2020, los que se produjeron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) en octubre de 2015 y 2019, y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León) en febrero de 2018.

Por todo ello, se insta al Ministerio de Justicia a tomar las «medidas oportunas» para evitar que se produzcan hechos de «trágicas consecuencias» como el acontecido en el mes de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), donde un hombre apuñaló a la magistrada titular en la zona de acceso al edificio judicial.


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