Prosegur, Securitas o Ilunion tienen un nuevo marco normativo más propicio para hacerse con el contrato de Aena de 359 millones o el de servicios generales del Estado por 66 millones.

Prosegur, Securitas o Ilunion tienen un nuevo marco normativo más propicio para hacerse con el contrato de Aena de 359 millones o el de servicios generales del Estado por 66 millones.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor en marzo, devolverá a las grandes empresas de seguridad el cetro en las principales adjudicaciones de servicios de vigilancia para la Administración. Al menos, esta es la previsión de algunas de estas compañías, que esperan mejorar su posición en un negocio que mueve cerca de 500 millones de euros al año.

La norma, ya aprobada por el Congreso, obligará al contratista a adscribirse al convenio colectivo de los vigilantes, publicado el pasado 1 de febrero en el BOE. Pondrá fin de esta forma a la práctica de descolgarse en favor del convenio de empresa y acabará con una guerra basada en el coste laboral que ha provocado algunos conflictos sonados, como el del Metro de Madrid.

En la actualidad, Prosegur, Eulen, la sueca Securitas o Ilunion, perteneciente a la Once, lideran las adjudcaciones de contratos con la Administración. Sin embargo, su cuota es por lo general muy inferior a la obtenida en el sector privado, según fuentes del sector. El 85% de los gastos de explotación de las empresas corresponde a costes laborales y los contratos de la Administración han premiado hasta ahora la competición por el precio.

CONTRATOS MILLONARIOS

Las empresas de vigilancia se encuentran ahora al acecho de millonarios contratos públicos. Lo hacen en un momento convulso, tras las experiencias de El Prat con Eulen y de Metro de Madrid con la recientemente quebrada Seguridad Integral Canaria (SIC), y entre movimientos empresariales animados por los fondos de inversión. En el sector aún resuenan la quiebra de Segur Ibérica después de que el fondo MCH fracasase al encontrar inversor, la adquisición del 75% de Ombuds por Hackett Inversiones o la reciente decisión de la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, de vender su empresa de seguridad, Seguriber-Umano, a la firma INV.

Sobre las mesas de las empresas se encuentran los pliegos de dos grandes licitaciones: la de los servicios generales de seguridad del Estado, por 66 millones de euros y aprobada en diciembre por el Consejo de Ministros, y la seguridad de Aena, que es el mayor contrato del sector, valorado en 359 millones. En ambos casos, especialmente en el segundo, los importes de partida son superiores a anteriores adjudicaciones.

PROSEGUR Y OMBUDS

Según datos recogidos por EXPANSIÓN a partir de la Plataforma de contratación del Estado, Prosegur ha obtenido desde enero de 2016 hasta el pasado 31 de enero 110 contratos públicos, de los que los correspondientes a seguridad y vigilancia, que son solo una parte, rondan los 116 millones. La empresa, que es una de las que prestan los servicios de seguridad en los aeropuertos, ha ganado lotes por 20,5 millones en el contrato de Renfe (146 millones) o de 38 millones en el de Adif, y ha puesto vigilantes a Navantia, al Museo del Prado, a Correos, a Enresa, al Hipódromo de La Zarzuela o al Ciemat.

Ombuds, antaño la empresa que prestaba los servicios de escolta a cargos amenazados por ETA, suma 52 contratos públicos, casi todos de seguridad. Solo sus mayores adjudicaciones superan los 105 millones, entre ellos los 35,9 millones del nuevo contrato de Metro de Madrid, 14,5 millones de Renfe, 14,4 millones de Correos, 17 millones de Patrimonio Nacional y 23 millones de los centros penitenciarios. También tiene a su cargo dependencias de RTVE.

Entre los grandes contratistas de seguridad también figuran dos gigantes de servicios de personal, Ilunion y Eulen. El conglomerado de empresas de la ONCE suma 209 contratos, de los que la parte de seguridad aporta unos 70 millones en adjudicaciones para Enaire, la CNMC o la Asamblea de Madrid. De los 423 contratos de Eulen, la seguridad es solo una pequeña porción con un tamaño de 20 millones, que incluyen servicios para la Sepi, el ferry de Algeciras o la base Bermayah en Irak. Securitas, Segurisa o Sabico registran números parecidos a los de Eulen.

SIC, pese a su delicada situación y a las denuncias de los sindicatos, ha logrado colarse en contratos como los de Adif o del Gobierno canario. Su propietario, el empresario Miguel Ángel Ramírez, que preside la UD Las Palmas, tiene como marca blanca la empresa Marsegur, que recientemente ha cambiado su denominación por Novo Segur. Esta empresa, también muy criticada por los sindicatos, tiene un contrato de 16 millones con el Ministerio de Defensa que recientemente ha quedado renovado hasta abril.

info http://www.expansion.com

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